
Mario Benedetti
La ley de Caducidad ha sido confirmada. En verdad, no es como para que nadie lance las campanas a vuelo, y los propios amarillos (salvo el presidente Sanguinetti y los precandidatos Jorge Batlle y Enrique Tarigo) lo han entendido asi. A diferencia de la espontánea celebración popular del 19 de diciembre, en la noche del domingo 16 las calles montevideanas quedaron silentes, semivacías, más o menos desoladas. Ya otro candidato presidenciales Alberto Zumarán, había pronosticado que no habría nada para festejar. Y ya que se refería al triunfo amarillo, tuvo razón. Aunque varios jerarcas colorados mostraron su euforia sin el menor pudor, en general hay que reconocer que la discreción culposa fue la actitud general entre los votantes amarillos. ¿Y eso por qué? En otras ocasiones esos mismos sectores no se contuvieron y festejaron normalmente sus victorias.
Frente a las insalvables ventajas que, en la decisiva televisión, los amarillos siempre les llevaron a los verdes, éstos compensaron ese desnivel con la fuerza de sus motivaciones morales. La causa verde era justa, era democrática, restablecía la igualdad que exige la Constitución.
La causa amarilla, en cambio, era arbitraria, abusiva, indigna. Sin embargo, en la noche del 16, desmarcándose del lacónico votante amarillo, la desatada euforia de los dirigentes que defendían la ley, constituyó un fenómeno más bien insó1ito en la historia política uruguaya.
¿Cómo es posible que esos turbios y jactanciosos personajes hayan sentido regocijo frente al hecho de que quienes masacraron a jóvenes encapuchados, violaron a mujeres, secuestraron a niños, puedan seguir paseando tranquilamente por la calle, sin que nadie los sancione o los juzgue? ¿Es posible que nuestro país haya cambiado tanto como para que hoy existan compatriotas que celebran la posibilidad de que los traspasados cadáveres de Michelini y Gutiérrez Ruiz, o el hígado destrozado de Roslik, o los niños desaparecidos que acaso se estén formando junto a los asesinos de sus padres, es posible que todos ellos queden impunes?
El veredicto popular será acatado, por supuesto. Nadie dará pretexto para el tic represor de militares y policías. Pero están muy equivocados el presidente y sus ministros si estiman que ese resultado corre definitivamente el telón. El país se ha dividido en dos, y aunque una de esas partes sea más gorda y poderosa, los casi 800.000 ciudadanos que integran la otra porción, serán desde ahora una presencia inocultable. Nunca hasta hoy los hombres del sistema habían enfrentado una oposición tan amplia, tan tenaz, tan bien fundamentada, tan convencida y tan digna, como la que se agrupó en el voto verde. No estaría demás que tomaran nota: en la lucha por los derechos humanos no hay punto final. Apenas punto y seguido. La "pretensión punitiva del Estado" puede caducar (a la prueba me remito), pero la que jamás caduca es la memoria. Amnistía no es amnesia.
Desde ahora, quienes durante doce años cometieron ignominiosas agresiones contra hombres y mujeres, contra jóvenes y niños, sabrán que 800.000 ciudadanos los observan, los descubren, los inculpan. No habrá un juez singular que los convoque y procese sino un verdadero tribunal colectivo que los juzgue y los sentencie. Para el general Medina esos 800.000 compatriotas son probablemente enfermos mentales, pero para los torturadores que actuaron (o no) bajo el régimen de obediencia debida, son otras tantas miradas que después de todo no difieren demasiado de las que les dedica su propia conciencia Y tal convocatoria no podrá ser guardada bajo llave en el hospitalario cofre del genera Medina.
Hay quienes proclaman que ésta es la era de lo posible; que sólo lo posible (digamos, la impunidad) es necesario. No es descartable que tales tímidos profesionales conjeturen que, tras el resultado del 16, la justicia en el Uruguay pase a ser una utopía. Sin embargo la historia del ser humano no es más que la historia de sus utopías. La humanidad só1o ha avanzado cuando ha corrido el riesgo de perseguir lo imposible, y es gracias a esos visionarios que la frontera de lo posible se fue ensanchando.
¿Caducidad, sinónimo de impunidad? Aunque la tristemente célebre ley haya sido confirmada por el voto popular, no por eso deja de ser de impunidad. Ahí reside el peligro que sus creadores pretendieron enmascarar mediante un primitivo recurso semántico. En realidad, ¿cómo pueden calificarla de garantía de paz, cuando gracias a esa ley, quienes durante doce años violaron los Derechos Humanos, saben (o creen saber) que tales violaciones pueden impunemente repetirse?
La Comisión Nacional pro Referéndum nunca pidió venganza sino justicia, y sobre todo, conocimiento de la verdad. "La ignorancia no es inocencia sino pecado", decía el poeta Robert Browning. El resultado del referéndum impide el ejercicio de la justicia, pero no la búsqueda de la verdad. Así que no se hagan demasiadas ilusiones: la seguiremos buscando. Con denuedo y con fe.
(Brecha, 21 de abril de 1989)

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